La Justicia mira hacia otro lado: medidas de coerción en vez de cárcel para un abusador de menores.

La fiscal adjunta de la Tercera Circunscripción Judicial, Silvina Arguello, formuló cargos contra un hombre de 24 años por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la edad de la víctima, en hechos ocurridos entre agosto de 2024 y abril de 2025 en una localidad del departamento Chacabuco.
Durante la audiencia realizada esta semana ante el Juzgado de Garantía Nº 1 de Concarán, la fiscal relató que el contacto entre el imputado y la víctima se habría iniciado a través de redes sociales y luego derivó en encuentros presenciales en distintos domicilios. Como consecuencia de los abusos reiterados, la niña quedó embarazada y dio a luz en la Maternidad Teresita Baigorria de la ciudad de San Luis, tras haber sido atendida previamente en el Hospital de Tilisarao. La imputación se fundamentó en diversas evidencias, entre ellas el relato de la víctima en Cámara Gesell.
El pedido de la fiscalía
La fiscalía solicitó la prisión preventiva por 120 días, pedido al que adhirió la Defensoría de la Niñez, representada por Laura Melina Chacón, quien recordó que ya existía una restricción de acercamiento previa contra el imputado.
La defensa
El abogado defensor, Orlando Villegas, se opuso a la preventiva. Argumentó que su cliente no tiene antecedentes penales, posee arraigo en la zona, inició trámites de reconocimiento filial de la niña y gestiona el pago de la cuota alimentaria. Como alternativa, propuso una prisión domiciliaria con salida laboral.
La decisión del juez
Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías N° 1, Nicolás Damián Coppola, resolvió no hacer lugar a la prisión preventiva y en su lugar impuso un conjunto de medidas de coerción:

-Fijar domicilio dentro del radio del juzgado.

-Firma mensual en la comisaría más cercana, dentro de los primeros 10 días de cada mes.

-Prohibición de salida del país y de la provincia por 120 días.

-Restricción de acercamiento a 500 metros de la víctima y su familia, y prohibición de contacto por cualquier medio.

-Provisión de un dispositivo dual de alerta para la madre de la víctima, a través del Ministerio de Seguridad, la Dirección de la Mujer y el SISPRO.

El juez fijó un plazo de 120 días para la culminación de la Investigación Penal Preparatoria, período en el que se producirán las evidencias restantes.

Fuente Periódico judicial