En un contexto de fuerte tensión y conflicto policial en la provincia de Santa Cruz, se ha consolidado un hito institucional que marca un antes y un después para los trabajadores de la seguridad pública provincial. Mediante la Disposición DI-2026-65-E-SANTACRUZ-SETMTESS, emitida este domingo 7 de junio de 2026, la Secretaría de Estado de Trabajo reconoció formalmente la participación de la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria (M.U.P.P.) dentro del Consejo del Salario.
El documento, firmado por el Secretario de Estado de Trabajo, Javier Omar Aravena, convalida la legitimidad del movimiento, que logró reunir un total de 1.752 avales. De esta manera, se unifica de forma inédita la voz de suboficiales, agentes, oficiales subalternos, oficiales jefes, retirados y pensionados santacruceños.
Los ejes del acuerdo y la estructura de representación
La resolución dictamina que la participación de la M.U.P.P. se ejercerá bajo los principios de buena fe y diálogo social, amparada en el Decreto provincial Nº 212/14. El esquema de representación quedó conformado de la siguiente manera:
* Mesa principal: Un (1) miembro titular, un (1) miembro suplente y un (1) asesor.
* Equipo consultor con base federal: Representantes de las zonas Norte, Centro, Sur y Sudoeste de la provincia, integrados por dos miembros del servicio penitenciario, dos retirados y cinco efectivos en actividad.
Por qué la representatividad salarial de las fuerzas de seguridad es clave en todo el país
El logro alcanzado en Santa Cruz reabre un debate fundamental en la agenda institucional argentina: la necesidad de que los trabajadores de la seguridad pública cuenten con canales democráticos y formales de representación para discutir sus condiciones laborales y salariales.
A diferencia del resto de la administración pública, las fuerzas de seguridad en la gran mayoría de las provincias argentinas carecen de paritarias tradicionales o sindicatos legalmente reconocidos. Esta histórica restricción normativa suele generar un peligroso cuello de botella: cuando los salarios quedan desfasados por la inflación o las condiciones de trabajo se precarizan, la falta de una vía institucional de negociación arrastra a las fuerzas a situaciones extremas de protesta, acuartelamientos o conflictos que ponen en riesgo la paz social y la seguridad comunitaria.
El reconocimiento de mesas salariales unificadas —como la M.U.P.P. en el sur del país— demuestra que existen alternativas superadoras. La importancia de replicar y consolidar estos espacios en todas las provincias radica en tres puntos centrales:
* Institucionalización del conflicto: Permite canalizar los reclamos de manera pacífica, técnica y ordenada mediante expedientes y mesas de diálogo, evitando la parálisis de los servicios de seguridad.
* Legitimidad y representatividad real: Al incluir a activos, retirados, suboficiales y oficiales, se evita la fragmentación interna y se garantiza que los acuerdos salariales impacten equitativamente en toda la pirámide jerárquica, incluyendo el sensible sector de los pasivos.
* Dignificación laboral sin pérdida de jerarquía: Discutir el salario bajo el principio de "buena fe" no rompe la disciplina ni el orden jerárquico de una fuerza; al contrario, fortalece la moral del personal, reconociendo que detrás del uniforme hay familias que dependen de un ingreso digno.
El caso de Santa Cruz sienta un precedente de madurez política y sindical adaptada a las particularidades de la seguridad, demostrando que el diálogo social y la negociación colectiva son las herramientas más eficaces para garantizar la estabilidad económica de los agentes y, en consecuencia, la tranquilidad de toda la ciudadanía.
Fuente y fotos Facebook Azules de la provincia de Santa Cruz Radio y Comunidad
Redacción Aljaba 360
