La familia, la comunidad y los imputados siguen divididos ante una causa que ya lleva seis años y que, según la defensa, está marcada por decisiones judiciales y políticas que habrían desviado la investigación.
Resumen de la postura de la defensa
Los abogados defensores de los policías imputados sostienen que el proceso se ha convertido en una “parodia” judicial orientada a satisfacer intereses políticos y a ocultar responsabilidades de otros actores. El letrado que representa a Marcos Ontiveros y Eugenia Argüello, Dr. Alejandro Miranda, afirma que la investigación original y las pruebas colectadas bajo el código procesal anterior no pueden servir de base para una nueva formalización de cargos bajo el código acusatorio vigente.
Hechos y versión de la defensa
Según la reconstrucción presentada por la defensa, los hechos ocurrieron durante la pandemia cuando Magalí Morales se dirigió voluntariamente a la comisaría. La defensa sostiene que Morales acudió a la dependencia para entrevistarse con un efectivo con el que mantenía una relación de amistad; ese día, sin embargo, el agente no se encontraba de servicio. Previamente, al cruzarse con el jefe de la comisaría, Morales lo habría insultado mientras circulaba en contramano; luego ingresó por su propia voluntad a la comisaría para buscar al efectivo. Allí habría mantenido una actitud alterada y agresiva, por lo que se dio intervención al juez de instrucción, además de que en ese momento regían restricciones de circulación por la pandemia basadas en la terminación del DNI, y ese día a Morales no le correspondía salir.
La defensa relata que, tras la intervención del juez Pinto, se ordenó que permaneciera detenida y alojada en una de las celdas de la comisaría. Posteriormente, y tras la realización de dos autopsias, la fiscalía habría reconocido que la muerte de Magalí Morales fue un suicidio por ahorcamiento, sin intervención de terceros.
Argumentos jurídicos centrales
Doble persecución penal: La defensa denuncia que se están formulando cargos por hechos por los cuales los imputados ya fueron indagados y procesados, lo que constituye una vulneración del principio de non bis in idem.
Aplicación indebida de normas procesales: Se alega incompatibilidad entre el procedimiento inquisitivo mixto, bajo el cual se recolectaron las pruebas en 2020, y el actual Código Procesal Penal acusatorio, que exige una investigación preparatoria distinta para formalizar una investigación.
Responsabilidad de terceros: La defensa apunta al juez Pinto y a la estructura estatal como responsables directos por haber ordenado la detención y por las condiciones edilicias de la comisaría, citando informes de la Jefatura de Policía que advertían sobre la falta de condiciones del edificio.
Cronología breve
2020: Se instruye expediente por la muerte de Florencia Magalí Morales.
Pandemia: Morales es detenida tras un incidente; el juez Pinto ordenó su alojamiento en la comisaría.
Horas después: Morales se ahorcó con un cordón de su pantalón en la celda.
Autopsias: Dos peritajes que, según la defensa, concluyen en suicidio.
Seis años después: La fiscalía vuelve a formular cargos contra los policías; la defensa apela y solicita la nulidad de actos procesales.
Estado procesal y repercusiones
Los imputados enfrentan medidas cautelares en distintos momentos; uno de los representados por Miranda, Ontiveros, llegó a estar con prisión preventiva y luego recuperó la libertad mediante caución. La causa derivó además en sanciones administrativas para los agentes, que fueron pasados a disponibilidad y cesanteados, con impacto en sus carreras policiales.
Qué pide la defensa y próximos pasos
La defensa solicitó la revisión de la audiencia de formulación de cargos y presentó recursos de apelación por nulidad absoluta. Reclama que se investigue la actuación del juez Pinto y la responsabilidad estatal por las condiciones de la comisaría. El caso continúa su trámite judicial y la defensa ofrece ampliar detalles en entrevistas o audiencias públicas.
El caso de Magalí Morales sigue generando controversia social y jurídica. Mientras la comunidad exige respuestas y justicia, la defensa insiste en que la investigación debe centrarse en todas las responsabilidades, incluidas las decisiones judiciales y el estado de las dependencias policiales, antes de sacrificar la carrera y la libertad de los agentes imputados.
Fuente Dr. Alejandro Miranda.
Redacción Aljaba 360
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