Puntos principales del proyecto
- Consulta obligatoria a las víctimas: Antes de aceptar un juicio abreviado o analizar beneficios como la libertad condicional, la Justicia deberá informar a la víctima y darle la posibilidad de expresar su opinión.
- Querellantes en casos de menores inimputables: Las víctimas podrán presentarse como querellantes cuando el delito haya sido cometido por menores de edad no punibles.
- Acceso a la información: Se garantiza mayor transparencia y acceso a los expedientes judiciales para las víctimas.
- Asistencia integral: El proyecto prevé acompañamiento médico, psicológico y jurídico durante todo el proceso.
- Observatorio de Víctimas: Se contempla la creación de un Observatorio en el ámbito de la Legislatura para monitorear la aplicación de la ley y evaluar políticas públicas.
- Estándares mínimos de trato: Se establecen principios de dignidad, protección, reparación y participación activa de las víctimas.
Contexto y origen
- La ley lleva el nombre de Joaquín Sperani, un adolescente de 13 años asesinado en Laboulaye en 2023 por un amigo de 14 años. El caso generó conmoción social y un fuerte reclamo por más derechos para las víctimas.
- El gobernador Martín Llaryora y el ministro de Justicia Julián López fueron los encargados de presentar el proyecto en la Unicameral.
- La iniciativa busca superar las falencias actuales del sistema judicial, como la revictimización, la falta de información y los retrasos en los procesos.
Impacto esperado
- Fortalecimiento de la voz de las víctimas: Aunque la decisión final seguirá siendo del juez, la consulta obligatoria representa un avance en la participación ciudadana en procesos penales.
- Protección integral: La ley apunta a un régimen que no solo contemple el aspecto judicial, sino también el acompañamiento emocional y social.
- Cambio cultural en la Justicia: Se busca instalar un modelo más humano y transparente, donde las víctimas no sean meros espectadores del proceso.
La “Ley Joaquín” marca un hito en la política judicial de Córdoba, al poner en el centro a las víctimas y garantizarles un rol activo en decisiones que afectan directamente su vida. Si se aprueba, la provincia contará con un régimen integral de protección que podría convertirse en referencia para otras jurisdicciones del país.
Fuentes: MDZ Online. San Fernando Digital. Infobae. La Nueva Mañana.
