La decisión se basó en lo que establece la Ley Nacional N° 27.146, que atribuye a la Justicia Federal Penal la competencia exclusiva para intervenir en delitos que afecten las rentas nacionales, así como en lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Nacional, que reserva a los tribunales federales las causas en las que la Nación sea parte o se trate de la violación de leyes nacionales.
La causa
Provenza falleció a principios de abril, a los 93 años. Su hija, Mónica Dauga, y su yerno, Jorge Gaguini, decidieron enterrarla en el patio de su casa, en Santa Rosa del Conlara, debido a dificultades económicas, según argumentaron.
El hallazgo se produjo luego de que un hombre solicitara un certificado de defunción sin haber registrado previamente la muerte. A partir de ese momento, el Ministerio Público Fiscal ordenó una serie de medidas para reunir información, que incluyeron informes médicos y datos de organismos nacionales.
La autopsia confirmó que la mujer no sufrió una muerte violenta y que falleció por causas naturales. Según el informe del médico forense Gustavo Lafourcade Durán, “no se encontraron indicios ni causas directas de muerte violenta evaluables al momento del examen, por lo que se consideran causas compatibles con un origen natural”.
Un informe posterior emitido por ANSES e incorporado al expediente reveló que, pese al deceso de Provenza, sus familiares continuaron percibiendo un beneficio previsional a su nombre entre abril de 2024 y abril de 2025.
Fuente Periódico judicial
